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PLAZA MAYOR
-------------------------------------------------------------Tiene
usted la palabra, señor Nuncio
Antonio García Cerrada es sacerdote
de Zaragoza, doctor en Derecho Canónico
y Canónigo del Exmo. Cabildo de las
iglesias catedrales de la diócesis.
En la actualidad se encuentra
jubilado después de haber trabajado varios años
como juez en los tribunales
eclesiásticos de Zaragoza.
Junto con su hermano, ya fallecido,
Mariano García Cerrada,
fue fundador de DABAR.
El día 25 de enero de 2006, el
rotativo Heraldo de Aragón
publicó este artículo suyo acerca del
largo litigio que mantiene el obispado de Lérida
con el de Barbastro-Monzón, después
de la segregación, hace más de diez años,
de las parroquias de la franja
oriental de Huesca que pertenecían a la diócesis catalana,
y su incorporación a la diócesis de
Barbastro-Monzón.
Lérida no ha devuelto 113 piezas de
arte que tenía en depósito, propiedad de las parroquias segregadas,
a pesar de las sentencias de la
Signatura Apostólica, de la Santa Sede,
cuyo plazo dado para su devolución
expiró el 8 de septiembre del 2005.
Medios de comunicación catalanes y
aragoneses, partidos políticos catalanes y aragoneses y autoridades civiles
catalanas y aragonesas están buscando solución a un litigio sobre la propiedad
de unos bienes eclesiásticos que se disputan dos personas jurídicas
eclesiásticas.
Desde el principio se vio que la
dificultad no estaba en resolver el conflicto según derecho, sino en resolverlo
teniendo en cuenta las circunstancias políticas.
Los bienes artísticos en cuestión son
eclesiásticos, pero no se encuentran en Tarazona ni en Cuenca, sino en Lérida,
y Lérida es una región de Cataluña, y Cataluña es una región de España que
tiene sentimiento y voluntad de nación y un gran peso político civil y
eclesial, y la parte que lo reclama es la diócesis aragonesa de
Barbastro-Monzón.
Quizá esta circunstancia política-civil
y eclesiástica explique que haya surgido este litigio entre dos obispos, a
pesar de que el Derecho Canónico recomienda vivamente que se eviten los
conflictos en la Iglesia y hasta determina los modos de evitar los juicios
contenciosos y judiciales.
Y quizá esta misma circunstancia
política explique que, una vez no evitado el conflicto, se haya prolongado
durante unos diez años, a pesar de que el Código de Derecho Canónico exige que
los conflictos en la Iglesia se concluyan cuanto antes.
Es verdad que hay que ser comprensivos
y debemos tener en cuenta que los gobernantes, también eclesiásticos,
contemplando el bien común desde la altura de los cargos, promulgan leyes,
pronuncian sentencias y dictan normas para que se cumplan, pero, a veces, para
que se cumplan cuando convengan y en el momento oportuno. El tiempo y las
circunstancias van indicando a los gobernantes la oportunidad.
La solución a este conflicto
eclesiástico ha estado y está en manos de la Congregación de Obispos y del
Nuncio como ejecutor del decreto de segregación. La Congregación tiene medios
para hacer cumplir sus decisiones. Quizá en este caso hubiera sido suficiente
eximir al obispo de Lérida de la carga de administrar estos bienes artísticos.
Ocasiones ha tenido.
El tiempo va a favor de Lérida y en
contra de Barbastro-Monzón. Y quizá tampoco vaya a favor del prestigio de la
administración de justicia en la Iglesia.
Y cuando llegue el momento “oportuno”,
que llegará, de recuperar el patrimonio artístico, que el Señor nos encuentre a
todos trabajando por la salvación de las almas.
ANTONIO GARCÍA CERRADA
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Zaragoza, febrero de
2006